miércoles, 24 de octubre de 2012

EL PAIS



El objetivo es “incrementar el número de alumnos en FP”
Lo que el Gobierno ofrece como “atender a los talentos distintos” es visto por la oposición y los sindicatos como un intento de separar al alumnado más difícil
Una y otra vez repitió este viernes el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que la reforma que defiende busca aumentar la igualdad de oportunidades, así como mejorar nivel educativo de la población tanto como mejorar la empleabilidad de los jóvenes (también insistió en ello la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría). Salía de ese modo, por la vía de la reiteración, al paso de las constantes críticas que despierta la reforma en distintos sectores, sobre todo de la izquierda. Acusan a la reforma de no querer tanto “luchar contra el fracaso como certificarlo y servirse de él para legitimar un sistema que segregue a los alumnos y produzca y reproduzca las desigualdades sociales”, escribía hace unos días en su blog el catedrático de Sociología de la Complutense Mariano Fernández Enguita.
El ministro Wert se defendió asegurando que no hay mayor desigualdad que dejar en la cuneta a ese 26,5% de jóvenes de 18 a 24 años que abandonan el sistema después de la educación obligatoria. Así, uno de los principales objetivos de los cambios, dijo, es “incrementar el número de alumnos en formación profesional de grado medio” y, en menor medida, superior, se entiende, con esos jóvenes que ya no se irán a engrosar las listas de abandono temprano.
Mientras sindicatos como CC OO y UGT, y partidos de la oposición como IU y el PSOE, se quejan de la falta de diálogo (en contra de lo que sostiene el ministerio) y consideran que, lejos de acabar con el abandono y mejorar los resultados, estos empeorarán con las evaluaciones externas y las reválidas (la de bachillerato sustituirá a la Selectividad), y con la especialización de centros que podrían acabar creando guetos, aseguran. También con los itinerarios más tempranos: en 4º de ESO, hacia FP o bachillerato; a los 15 años, con la nueva FP básica (no dará acceso directo a la FP de grado medio como decía la ley de economía sostenible) y a los 13 con programas de mejora del aprendizaje.
Es decir, lo que el Gobierno ofrece como “atender a los talentos distintos” de cada alumno, los opositores lo ven como un intento de separar al alumnado más difícil y dirigirle rápidamente a la FP. El profesor de Economía de la Universidad de Oviedo Florentino Felgueroso respalda la diferenciación de itinerarios antes de los 16 años porque la FP puede atraer mejor a los alumnos desmotivados. Sin embargo, Enguita señala la mayor parte de Europa eligió el camino contrario hace muchos años porque “una selección tan temprana era injusta, pues sobraba evidencia —como hoy— de que condenaba a los alumnos de familias en desventaja; ineficaz, pues privaba a la sociedad de una reserva de talento, e ineficiente, pues seleccionaba mal, cerrando el paso a niños capaces pero pobres y viceversa”.

El Gobierno deja su aportación a las becas Erasmus en menos de la mitad

El programa de movilidad pierde 21 millones de euros con respecto a este año

Las ayudas para libros de texto se reducen en un 80% desde 2011

Las becas Erasmus, uno de los programas de movilidad universitaria más exitosos de la Unión Europea, se enfrentan a tensiones desde todos los frentes. El Ministerio de Educación va a reducir el próximo año su aportación a estas becas en casi un 60%, es decir, serán 21,5 millones menos que en 2012 hasta quedarse en 15,2 millones. Si se compara con el dinero que el ministerio reservó para estas ayudas en 2011, la bajada ha sido de 47,5 millones, es decir, un 75%. Esta mala noticia para los Erasmus se suma a lanzada la semana pasada por la Comisión Europea, cuando su portavoz de presupuestos dijo que se habían quedado sin fondos y que peligraba el pago del 30% de las becas de hasta final de año (pedirá a los países dinero extra para cubrir los en torno a 90 millones de euros que faltan para terminar 2012).
La cuantía de la beca Erasmus se divide en tres partes, la que paga la UE (unos 133 euros al mes para los españoles, la cuantía más baja), la que que ponen las comunidades autónomas para ayudar con los gastos del desplazamiento (por ejemplo, 200 euros en Cataluña o 272 en Andalucía) y lo que pone el Ministerio de Educación, que este curso 2012-2103, y dependiendo de las solicitudes, estará entre 100 y 120 euros mensuales, dice un portavoz. Eso, con el presupuesto de 2012, es decir, sin contar con la bajada del 60% que se prevé para 2013.
España, con 36.183 becarios, es el país que más Erasmus envía al resto de Europa y, con 37.432, también es el que más recibe.
La otra gran aportación del ministerio a las becas de movilidad —esta vez para viajar dentro de España, las Séneca— también se reducen en 2013: con tres millones menos, se quedan en 6,4 millones. De hecho, a pesar de lo anunciado en repetidas ocasiones por el Gobierno en las últimas semanas, la partida del ministerio para becas y ayudas a estudiantes no sube, sino que se reduce en 47,8 millones, esto es, un 3,8%, hasta quedarse en 1.222 millones.
La única partida del programa de becas que asciende, algo menos de 23 millones de euros hasta llegar a los 208 millones, es la destinada a compensar las matrículas universitarias que los alumnos becarios no pagan o las familias numerosas pagan a la mitad. Se mantiene, sin embargo, el monto para las becas generales para compensar desigualdades económicas: 952 millones.

Educación defiende sus cuentas

La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha defendido esta mañana en el Congreso de los Diputados la importancia de mantener esta partida de becas y, en general, los presupuestos con los que contará su departamento el año que viene. Asegura el ministerio en una nota que la reforma educativa que propone no pivota sobre “el incremento de la inversión en educación, sino la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos disponibles y la modernización de la educación, lo que supone no sólo la introducción de nuevas técnicas sino, sobre todo, la introducción de mejoras metodológicas que ayuden al cambio del paradigma educativo”.
De hecho, poco podría pivotar sobre un incremento cuando el presupuesto educativo del Gobierno se reduce un 14,4% con respecto al año anterior y un 31% con respecto a 2011. Comparándolo con este 2012, son 326 millones menos que salen, básicamente, de varios programas de cooperación con las comunidades autónomas que desaparecen: el programa de refuerzo para alumnos con dificultades, PROA (tenía este año 60 millones), los planes contra el abandono temprano (40,8 millones), o el programa de lenguas extranjeras (13,3 millones). Como contrapeso a esos más de 114 millones de bajada, Gomendio ha defendido una nueva partida, que se repartirá con criterios “competitivos” entre las comunidades autónomas, de 11 millones para fomentar la calidad de sistema.
También se elimina un programa para la introducción de tecnologías de información y la comunicación en las aulas que contaba con 36 millones de euros. Gomendio, sin embargo, ha destacado una partida de tres millones para “introducir las modificaciones técnicas que habiliten la interoperabilidad entre todos los sistemas informáticos de las Administraciones educativas, lo que permitirá personalizar la educación, adaptándola a las necesidades y al ritmo de cada alumno”. En este sentido, Gomendio ha anunciado un progresivo cambio de los libros de texto de papel a los digitales, lo que supondría “para el financiador”, dice la nota, “un ahorro importante que pudiera estimarse entre un 60%-90% del actual coste”.
La mención al financiador debe referirse tanto a los padres como a las administraciones que aportan un menguante presupuesto de ayudas para comprarlos. Menguante por segundo año consecutivo por parte del Ministerio de Educación: esta partida se queda en 20 millones cuando en 2011 eran 98,19 millones, es decir, ha perdido casi un 80% en dos años. De ese modo, el ministerio hace caso omiso a la llamada de auxilio que hicieron los padres de asociaciones laicas y católicas recientemente en una inusual comparecencia conjunta. El pasado 19 de septiembre, la Ceapa y la católica Concapa, mayoritarios en la escuela pública y concertada, respectivamente, reclamaron al Gobierno "urgentemente" una partida presupuestaria extraordinaria para 2013 de ayudas de comedor y para crear un gran banco de libros de texto. La patronal de libros de texto ANELE calcula que (sin contar ete último recorte) el dinero destinado a libros de texto de comunidades y ministerio se ha reducido un 75%.
El portavoz de Educación del PSOE, Mario Bedera, ha advertido que de poco sirve el aumento o mantenimiento de prsupuestos de becas si en la práctica se reducen el número de becarios endureciendo los criterios académicos para obtener las ayudas. También ha advertido contra el argumento de Gomendio sobre que el recorte en los presupuestos del ministerio “no afecta a la calidad de la educación, pues como las competencias educativas están transferidas a las comunidades autónomas, en el contexto de todo el país representa un porcentaje muy bajo del gasto de educación en España”. Pero ese 5% o 6%, ha asegurado Bedera, es muy importante en la política educativa, entre otras cosas, porque las comunidades destinan más del 70% del dinero educativo a pagar sueldos. Por ello tienen poco margen para invertir en programas de calidad, esos mismo que, entre los presupuestos de 2012 y de 2013, el ministerio de Educación prácticamente ha finiquitado: en 2011 fueron algo más de 50 millones de euros.


Los alumnos harán a los nueve años otra evaluación sin consecuencias académicas
Tampoco será reválida la prueba de sexto de primaria
Sí lo serán los exámenes al final de la ESO y de bachillerato
La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, ha expuesto hoy en el Senado algunos de los puntos de la reforma educativa que prepara su departamento y que se pasará por el consejo de ministros el próximo viernes, ha dicho. Gomendio ha confirmado que el ministerio ha dejado atrás la idea de hacer una reválida al final de primaria (como ya adelantó el pasado viernes este periódico): esa evaluación externa no “tendrá consecuencias académicas”, dijo Gomendio, más allá de lo que decidan los profesores de cada centro, es decir, exactamente igual que durante el resto de la etapa y el resto de los exámenes. Lo que sí se introduce es una evaluación externa en tercero de primaria, exactamente a mitad de la etapa, para comprobar si los alumnos están avanzando adecuadamente en los conocimientos más básicos de lectura, escritura y cálculo. “Hemos decidido adelantar la prueba [a tercero] porque en ese punto da tiempo a poder corregir”, ha dicho Gomendio, que además ha matizado que el único objetivo de esta prueba es detectar posibles problemas y poner en marcha las soluciones.
Por lo demás, enumeró otros puntos de la reforma, que intentará mejorar los resultados de los alumnos españoles en pruebas internacionales como la de Pisa y reducir el abandono educativo temprano (del 26,5%) adelantando la elección de los alumnos hacia la FP, creando un nuevo ciclo de formación profesional dentro la enseñanza obligatoria (FP Básica), con esas evaluaciones externas que serán reválidas en la ESO y bachillerato o aumentando el tiempo escolar que los alumnos dedican a las materias instrumentales (lenguas, matemáticas y ciencias).
Al tiempo que el senador socialista Ramón Álvarez Areces expresó los temores de una parte de la comunidad educativa (que la reforma puede en realidad empeorar el abandono temprano y empeorar la igualdad de oportunidades y que la reforma no es creíble en actual contexto de fuertes recortes presupuestarios), Gomendio también señaló que las reválidas no solo contemplarán los contenidos escolares, sino las competencias básicas, lo que, en opinión de Gomendio, ayudará a cambiar las metodologías pedagógicas del sistema, actualmente “muy tradicionales y muy memorísticas”, ha dicho. También medirían esos exámenes el nivel de éxito de las decisiones sobre las metodologías de cada centro, para cuya elección tendrán más autonomías los colegios e institutos.
Preguntada sobre la reducción de la parte de contenidos escolares que fijan las comunidades autónomas, Gomendio rechazó pronunciarse hasta que se presente el viernes el texto definitivo de de la reforma, que servirá de punto de partida a la tramitación y que se seguirá negociando y discutiendo, ha insistido, hasta su aprobación definitiva.

Traslados forzosos” de docentes
La Administración podría cambiar las funciones y el destino de profesores de la pública
El texto legal blinda las subvenciones a los colegios que separan por sexo
Las líneas generales de la reforma educativa que presentó a finales de junio el Ministerio de Educación (con numerosas críticas desde algunos sectores) están presentes en el borrador de anteproyecto, al que ha tenido acceso este periódico: adelanto de itinerarios distintos hacia la FP o el bachillerato, “racionalización” del currículo o pruebas externas de reválida. Sin embargo, contiene alguna rectificación y alguna sorpresa. Estos son los principales puntos:
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EL PAÍS
Funciones distintas. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, adelantó el pasado martes que la ley se flexibilizará para poder “reordenar” los recursos humanos en la pública, es decir, los profesores funcionarios. El texto dice que el Gobierno establecerá las condiciones bajo las que, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la ley, las Administraciones, “por necesidades de servicio o funcionales, puedan asignar el desempeño de funciones en una etapa o, en su caso, enseñanzas asignadas a su cuerpo con carácter general, al personal funcionario”. Esto no solo significa posibles movimientos de docentes de un tipo de asignaturas a otras (la ley también contempla la idea de dar más peso a Lengua, Matemáticas y Ciencias en detrimento de otras materias), o entre primaria, secundaria, o FP. Además, abre la puerta a transferir, por ejemplo, a profesores de las escuelas oficiales de idiomas a los institutos.
Formación Profesional Básica. El adelantamiento de itinerarios es otra de las señas de identidad del proyecto. Se crea un nuevo ciclo de FP al que se accederá a los 15 años, si los profesores consideran que no va bien y las familias lo aceptan. Se llamará Formación Profesional Básica y sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial. La diferencia con estos es que no ofrecerán la posibilidad de sacarse el título de ESO ni darán acceso directo a la FP de grado medio: habrá que hacer un examen para ello. Eso sí, dará acceso a un nuevo título de FP básica que crea ley. En todo caso, la redacción da a entender que será un recurso que se puede generalizar, dejando de ser una opción muy excepcional, como eran hasta ahora los programas de cualificación, para alumnos al borde del fracaso con los que antes no ha funcionado ninguna otra medida de apoyo. La propuesta de condiciones de acceso es: tener 15 años y haber terminado tercero de ESO “sin alcanzar los resultados que les permitan promocionar al cuarto” o “haber cursado segundo”, “habiendo repetido alguna vez”.
Las comunidades también podrán “trasladar al personal funcionario a centros educativos distintos al de su destino”, y les podrán obligar a hacerlo, excepcionalmente, aunque ello implique cambiar de residencia: “El personal funcionario tendrá derecho a las indemnizaciones establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos”.
Evaluación final de Educación Primaria. La evaluación externa al final de primaria no será una reválida, pues no condicionará si los alumnos repiten o no, como al principio proponía el Gobierno. Al final de la ESO (16 años), para conseguir el título habrá que aprobar la reválida. Será un examen externo al centro, distinto si lo que se quiere es hacer bachillerato o FP. Se podrán presentar al examen los alumnos que hayan suspendido hasta dos materias en 4º: si lo aprueban, tendrán el título y podrán seguir estudiando. En bachillerato, se recupera el esquema de la LOCE de 2002. Para obtener el título de bachillerato y poder acceder a la Universidad hay que aprobar la reválida. Las universidades podrán hacer pruebas de acceso para cada carrera si lo desean. En este caso, la prueba solo podrá contar el 40% de la nota final de admisión; el otro 60% será la nota del bachillerato.
Ciencias aplicadas. Los itinerarios hacia el bachillerato o la FP se adelantan tímidamente a tercero de ESO (se empieza con 14 años), con solo una asignatura de modalidad y con Matemáticas enfocadas a una u otra vía. En cuarto (15 años) tendrán cuatro asignaturas comunes: Educación Física, Lengua (y Lengua cooficial si la hubiere), Lengua Extranjera y Matemáticas (los dos tipos), dos de modalidad y una optativa. Las de la vía académica son Física y Química y Biología y Geología; o Geografía e Historia y Latín; y las de FP, Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, y Tecnologías de la Información y la Comunicaciónn.
La ley dice que los alumnos podrán cambiar de opinión, que una vía no cierra la otra, pero lo cierto es que una reválida distinta si se quiere estudiar FP o bachillerato hará prácticamente imposible ese cambio de idea. Al final, en el título “deberá constar la opción” por la que se realizó la evaluación final.
Educación diferenciada. Tras las recientes sentencias del Supremo que argumentan que los colegios que separan por sexo no pueden recibir subvenciones, el nuevo texto legal deja el apartado 3 del artículo 84 de la LOE sobre admisión de alumnos en centros públicos y concertados así: “En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos [...], siempre que la enseñanza que impartan se desarrolle conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención [de la Unesco] relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza de 14 de 1960".

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