ABC
Sociedad
La reforma aprobada el viernes por el Gobierno busca
reducir el fracaso escolar y mejorar el rendimiento de los alumnos. No es una
norma «ideológica», defiende
josé grau /
madrid
Día
25/09/2012 - 20.24h
José Ignacio
Wert Ortega (Madrid, 1950), de antepasados holandeses, bachiller por el Colegio
del Pilar, licenciado en Derecho, profesor de Sociología Política, concejal de
Madrid, fundador de Demoscopia, comercializador de la publicidad del grupo
Prisa, adjunto al presidente del BBVA y finalmente ministro de Educación,
Cultura y Deporte, se ha propuesto sacar a España de la segunda división
educativa en la que se encuentra. Para ello, considera primordial la aplicación
de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cuyo anteproyecto
aprobó el viernes el Consejo de Ministros.
-¿Cuáles son
los objetivos de la LOMCE?
-El primero
está claro. La reducción del abandono escolar temprano. El segundo es mejorar
el rendimiento por la parte superior de la escala, es decir, aumentar la
proporción de alumnos excelentes. Al final, donde se sitúa un país en la escala
de valor de la economía del conocimiento depende de la cantidad y de la calidad
del talento formado. Por eso me choca mucho cuando hay gente que, sin conocerla,
y en todo caso como consecuencia de un prejuicio, hablan de una reforma
ideológica. Creo que si alguna objeción no se le puede hacer a esta reforma es
que sea ideológica.
-¿Qué
pretende con «adelantar las vías», lo que algunos denuncian como una manera de
segregar demasiado pronto a los alumnos?
«Si piensan que hay invasión de competencias, que
acudan al Constitucional
El sistema
actual es uniforme prácticamente hasta los 16 años. La comparativa
internacional muestra que esto tiene que ver mucho con el abandono escolar
temprano. Hay una parte de los estudiantes que por razones de aptitud, de
disposición, etc., no diría tanto de capacidad como de disposición intelectual,
en esta vía única acaban desconectando. El sistema actual lleva a que tengamos
una tasa de incorporación al sistema de Formación Profesional (FP) que está muy
por debajo de los países con economías similares a las nuestras. Y que tiene
mucho que ver también con el elevadísimo grado de paro juvenil en nuestro país.
La parte obligatoria de educación actual no capacita mínimamente para
insertarse en el mercado laboral.
-La reforma
se interpreta como que el Estado recupera el control de los contenidos de la
asignaturas, ahora en cierta medida en manos de las autonomías. ¿Está de acuerdo?
-Hemos sido
muy respetuosos con el ámbito competencial de la legislación básica. Si alguien
piensa que hay una invasión competencial, está la vía del Tribunal
Constitucional. Pero nosotros entendemos que hay un escrupuloso respeto al
marco competencial de las comunidades autónomas. Entendemos que es
perfectamente legítimo que la legislación básica incluya el elemento del
carácter nacional de la evaluación, de los exámenes externos y estandarizados,
porque es la única manera de que todos realmente sepamos dónde está cada uno y
seamos capaces de identificar las fortalezas y las debilidades, y sobre todo
seamos capaces de evitar que el sistema derive hacia diecisiete sistemas
educativos, con implicaciones sociales y económicas muy importantes. No parece
razonable que el hecho de que la gestión esté transferida a las comunidades
autónomas desemboque en situaciones como que la inversión educativa por alumno
sea el doble en una comunidad que en otra. Cuando estamos hablando de una
inversión doble, hay que hacerse alguna pregunta de más calado.
-¿Volvemos a
las reválidas de la época de Franco?
«Las evaluaciones ayudan, no crean barreras»
-Todos los
sistemas educativos exitosos tienen sistemas de evaluación externa y
estandarizada, con un grado suficiente de homogeneidad para permitir que el
rendimiento del país en su conjunto se conozca y sea transparente, pero no
menos importante es que se conocozca el rendimiento de las partes, algo que hoy
solo intuimos de forma muy parcial a través de PISA.
-¿Qué es la
Formación Profesional Básica?
-Hemos
tenido una especie de parche de recogida de alumnos que a la altura de primero
de la ESO, en fin..., no se sabía qué hacer con ellos, por decirlo con
claridad. Son los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Pero
no han cubierto la necesidad que trataban de cubrir o la han cubierto
deficientemente porque la derivación hacia los mismos era claramente tardía y
porque no cubrían objetivos verdaderos de FP. Un chico que se titula en esta FP
Básica ya no será estadísticamente parte del fracaso escolar, y por otro lado,
tiene la posibilidad de incorporarse a la FP de más alcance a través de la FP
de Grado Medio. En definitiva, una orientación básica de la reforma es crear
vías alternativas de mantenimiento en el sistema que al final reduzcan la tasa
de abandono escolar temprano. Pero no por jugar con las estadísticas. Es un
drama social que una cuarta parte abandone el sistema educativo, con un
equipamiento insuficiente para insertarse laboralmente de una forma digna.
-¿Habrá
traslados de profesores?
«Hay que introducir flexibilidad y eficiencia»
-Es evidente
que la planificación educativa a veces tiene unas exigencias de movilidad y no
se puede confundir el derecho que estatutariamente acompaña al funcionario a la
inamovilidad con el derecho a la inmovilidad. Es decir, yo creo que, en
condiciones respetuosas con los intereses de los funcionarios, hay que
introducir también en esto flexibilidad y eficiencia. Sin perjudicar a nadie,
como es natural, pero atendiendo a los cambios que hay en las necesidades de
profesorado.
-¿Sí a la
educación diferenciada, o segregada por sexos y favorecedora del Opus Dei según
sus detractores?
-Legislaciones
como la francesa, la inglesa, la estadounidense no solo acogen la educación
diferenciada, sino que incluso permiten la existencia de centros públicos que
imparten educación diferenciada. Hay una convención de la Unesco que lo dice
taxativamente: no es una opción discriminatoria siempre y cuando se oferte en
las mismas condiciones a los dos sexos. Entonces lo que sí es una
discriminación es excluirla del sostenimiento público, del sistema de
conciertos.
-¿No tendría
que haber desaparecido Educación para la Ciudadanía?
«El fracaso escolar es un drama social»
-Con
Educación para la Ciudadanía se va a cumplir exactamente lo que decía el
programa del Partido Popular. Eliminarla de la Primaria, volver en el
Bachillerato a la Ética y la Filosofía, que es donde estarán algunos de los
contenidos, e introducir la Educación Cívica y Constitucional en la ESO, con un
contenido que refleja el conocimiento de la parte dogmática y la parte orgánica
de la Constitución, y también del sistema político.
-No solo los
profesores de la pública: también los representantes y los profesores de la
enseñanza concertada también están muy enfadados...
-Para mí es
cualquier cosa menos un plato de gusto tener que administrar unos recursos
escasos. Ante esta situación, caben dos actitudes: mantenerse en una protesta
sin alternativas, una protesta por la protesta, y otra, arrimar el hombro. La
enseñanza concertada ha resuelto una situación de garantizar la
universalización de la cobertura en la educación obligatoria y gratuita en
España en situaciones en que la oferta pública no podía atenderla, hacerlo en
condiciones de eficiencia económica muy considerable y también hay que decir
que la enseñanza concertada está arrimando el hombro. Yo entiendo perfectamente
sus reivindicaciones. En general creo que hay una actitud de cooperación. Como
también lo hay, en general, en la enseñanza pública. A veces nos dejamos
confundir. Intentamos valorar la situación del sector a partir del ruido
visible que se pueda ver en la calle en un determinado momento. Ha empezado el
curso con normalidad, y la actitud que he encontrado en los muchos profesores
es evidentemente preocupada, pero al mismo tiempo profundamente comprometida
con sacar la situación adelante.
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